Novedades Legislativas

Tras el sometimiento al trámite de información pública del proyecto de Resolución el ICAC ha aprobado definitivamente la Resolución de 14 de abril por la que se establecen los criterios para la determinación del coste de producción.

Esta Resolución es un desarrollo del PGC, el PGC de Pymes y las NFCAC, que deben aplicar obligatoriamente todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, tanto en la formulación de las cuentas anuales individuales como, en su caso, en la elaboración de las cuentas consolidadas.

El BOE ha publicado la Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 26 de marzo de 2015, que aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas de 24 de mayo de 2015.

En dicha Resolución se especifica la documentación que las formaciones políticas han de remitir al Tribunal en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General  (LOREG) y en las distintas leyes autonómicas de régimen electoral, así como una breve referencia a los criterios que se prevé aplicar en la fiscalización de la contabilidad electoral derivada de las elecciones que han de celebrarse el 24 de mayo de 2015.

El BOE de 31 de marzo ha publicado la Orden HAP/538/2015 por la que se modifican normas relativas a la contabilidad pública.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 creó el servicio presupuestario 05 “Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación” para financiar con cargo al mismo aquellos contratos que, por sus características, permitan una financiación centralizada. El procedimiento de ejecución del gasto de estos contratos consiste en una gestión centralizada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación hasta la fase de compromiso del gasto y una gestión descentralizada por los responsables de los servicios en cada departamento u organismo en la fase de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.

Recientemente el DOUE ha publicado normativa del Banco Central Europeo (BCE). En esta ocasión se ha publicado la Decisión (UE) 2015/425 del Banco Central Europeo, de 15 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión  BCE/2010/21 sobre las cuentas anuales del Banco Central Europeo. La Decisión modificada establece las normas para la elaboración de las cuentas anuales del BCE y la modificación se ha llevado a cabo con el objetivo de explicar con mayor claridad el método de valoración de los valores mantenidos con fines de política monetaria.

Debido a la contratación centralizada de bienes y servicios para entidades distintas de la Administración General del Estado y también a la modificación en el tratamiento presupuestario de los gastos de acuñación de moneda se ha llevado a cabo una modificación de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha publicado en su web la Resolución de 25 de febrero de 2015, por la que se establece el sistema de códigos seguros de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas del ICAC.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones administrativas, garantizando dicho sistemas:

• El carácter único del código generado para cada uno
• Su vinculación con el documento generado y con el firmante
• La posibilidad de verificar el documento por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas por el que se adapta la normativa española a la europea buscando el objetivo de elevar la calidad de las auditorías para aumentar la confianza en la información económica y financiera.

Este Proyecto de Ley de Auditoría se lleva a cabo, como anteriormente hemos dicho, para adaptar la normativa española a la europea y más concretamente a las siguientes:

• Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.
• Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Resolución de 29 de enero de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria al Fondo de Reserva de los Riesgos por Internacionalización.

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha aprobado dos Resoluciones (publicadas en el BOE de hoy) mediante las que se modifican los modelos de cuentas anuales a presentar en el Registro Mercantil y por las que se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales de cada comunidad autónoma.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a través de diversas disposiciones se encuentra habilitado para, mediante resolución, aprobar normas de obligado cumplimiento que desarrollen el Plan General de Contabilidad (PGC) y sus normas complementarias. En virtud de dicha habilitación el ICAC ha elaborado un proyecto de resolución para establecer los criterios necesarios para determinar el coste de producción, partiendo de lo establecido en el PGC y en la Resolución de 9 de mayo de 2000 del ICAC, por la que se establecen los criterios para la determinación de dicho coste de producción.