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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado recientemente en su página web nuevas consultas. En esta ocasión se trata de 2 consultas de contabilidad y 5 de auditoria.

Respecto a las dos consultas de contabilidad, ambas están relacionadas con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes) aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), a través de la Subdirección General de Control Técnico, se encarga de la supervisión pública de la actividad de auditoría de cuentas. El artículo 52 de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobada por la Ley 22/2015, de 20 de julio (LAC) establece al respecto:

"El control de la actividad de auditoría de cuentas, que será realizado de oficio y de acuerdo con las disponibilidades humanas y materiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

a) Investigaciones de las actuaciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría

b) Inspecciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría."

La profesión de auditor de cuentas además de ser apasionante se está convirtiendo en una profesión de cierto riesgo, ya que en determinados casos, como el de la reciente auditoría de cuentas del Banco Popular, su trabajo es ampliamente cuestionado, pudiendo los perjudicados exigirles responsabilidades por su trabajo.

Es por ello que el auditor de cuentas debe mantener un difícil equilibrio, para no pecar en su informe de auditoría, de un excesivo alarmismo, que puede provocar serios problemas a la sociedad auditada y por ende a los administradores que contrataron sus servicios, pero, por otra parte,no puede ocultar hechos relevantes, sobre todo si suponen una alteración significativa de la realidad de la empresa.

A la hora de comprar una nave industrial, una oficina o un local comercial, la opción más conocida es solicitar un préstamo hipotecario, pero cada vez cobra más fuerza el leasing inmobiliario, como forma para financiar una adquisición que supone un importante esfuerzo para la mayor parte de las empresas y autónomos.

El leasing inmobiliario es una modalidad de financiación a medio o largo plazo, que facilita, mediante un contrato de arrendamiento financiero,la adquisición de este tipo de inmovilizado por las empresas. A través de este contrato, el arrendador cede al arrendatario el uso y disfrute del bien inmobiliario, a cambio del pago de unas cuotas, en las que se incluyen los intereses. A la finalización del plazo estipulado en la duración del contrato de arrendamiento financiero, y del abono de todas las cuotas periódicas, el arrendatario tendrá una opción de compra del bien.

El contable de una pyme, los jefes de administración, los controllers y los directores financieros de empresas más grandes son personas en las que, aparte de tareas contables y de supervisión de la contabilidad, recaen todo tipo de tareas, entre las que se encuentran, entre otras, la presentación de modelos tributarios, soporte a las auditorías, preparación de las cuentas anuales y depósito en el Registro Mercantil, por lo que encontrar un hueco para disfrutar de unas merecidas vacaciones, no es tarea fácil en muchos casos.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden EIC/624/2017, de 26 de junio, por la que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Consejo General de Economistas de examen de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

El mes de julio tiene una gran importancia para las empresas por diferentes motivos, siendo los más conocidos la presentación del impuesto sobre sociedades, antes del día 25 de julio y el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil antes del día 30. Pero al acabar el mes las empresas habrán llegado al ecuador del ejercicio, acontecimiento este que tiene más importancia de la que se le da en muchas ocasiones.

Una vez cumplidas las dos primeras obligaciones, depósito de cuentas y presentación del impuesto sobre sociedades, muchos contables disfrutarán de unas merecidas vacaciones en el mes de agosto, en septiembre se pondrán al día, y cuando uno se da cuenta entramos en octubre, con solo tres meses para finalizar el ejercicio.

El caso del Banco Popular es uno más de grandes empresas en las que sus cuentas dicen una cosa y la realidad dice otra bien distinta, aunque, en este caso, el factor pánico ha contribuido al hundimiento definitivo de la entidad financiera.

Es importante que las empresas y sus accionistas se preocupen de la buena llevanza de la contabilidad, ya que aunque dentro del Plan General Contable hay margen para realizar determinados ajustes que pueden modificar en cierta medida el resultado contable, un exceso de maquillaje puede convertir las cuentas en un esperpento, que puede traer nefastas consecuencias para los accionistas y los administradores de la sociedad.

Una de las principales tareas de las empresas es asegurarse los fondos necesarios, además de para realizar su ciclo de explotación, también para cubrir posibles pérdidas de valor de sus activos, y hacer frente a potenciales obligaciones por riesgos propios del negocio, riesgos financieros y riesgos asociados a las contingencias extraordinarias que puedan surgir.

La norma de contabilidad 15.ª sobre provisiones y contingencias especifica que la empresa reconocerá como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de aquella.

Las empresas para llevar a cabo sus actividades necesitan recursos económicos que pueden obtener de diferentes fuentes, principalmente externas o internas. La forma en que financien sus actividades tendrá gran importancia y puede condicionar el futuro de la empresa, siendo fundamental que tengan un fondo de maniobra positivo.

El fondo de maniobra mide la capacidad de una empresa para poder atender sus pagos a corto plazo y, a la vez, poder realizar inversiones o adquisiciones propias de cualquier actividad mercantil. Para su cálculo, se puede realizar la diferencia entre los capitales permanentes y el activo no corriente, o se puede medir como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Su saldo debe ser positivo, ya que hay una parte del activo corriente (como el stock de seguridad o el saldo mínimo necesario de disponible) que, por su importancia en el proceso productivo, debe ser financiada con capitales permanentes.