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La gestión contable y financiera es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización, siendo necesario que ésta se apoye en un buen software de gestión y contabilidad, que sea accesible desde cualquier lugar, ya que hoy en día el poder teletrabajar ya no es una opción, es una necesidad.

Sin embargo, por muy potente que sea el software de gestión empresarial que se utilice, Microsoft 365, suele complementar a estas aplicaciones, principalmente por la potencia y versatilidad de Excel, que facilita la exportación y la manipulación de datos, para adaptarlos a las necesidades de sus usuarios.

La aprobación de la reforma normativa aprobada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, tiene por objeto fomentar la transparencia, la sostenibilidad y desarrollo a largo plazo de las empresas y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general, mediante la divulgación de información no financiera. La ley impone a ciertas empresas preparar anualmente un estado de información no financiera (en adelante “EINF”) que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Las obligaciones exigibles por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, son de aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Tras la publicación de los primeros EINF se han recibido en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital diversas consultas sobre la aplicación de la ley y la forma de dar un mejor cumplimiento a las exigencias de la misma.

El ICAC ha publicado en su página web las consultas de contabilidad de su Boletín número 125 de marzo de 2021.
Las tres consultas publicadas están disponibles dentro de nuestra sección de Doctrina administrativa.

A continuación, realizamos un breve resumen de las mismas:

Consulta 1 Sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19.

En los supuestos en los que el contrato incluyese una cláusula sobre la posibilidad de reducir las cuotas en casos de caídas o cierre de la actividad impuesta por una disposición legal o reglamentaria, la reducción en el pago y el cobro en el arrendatario y arrendador, respectivamente, es claro que deberá tratarse como una renta contingente. En el contexto excepcional producido por el COVID-19, cuando el arrendatario y el arrendador hayan llegado a un acuerdo para reducir las rentas, cabría optar por considerar que el hecho económico desencadenante de la disminución en el precio de la cesión del derecho de uso no guarda relación con los ejercicios posteriores, sino con la situación económica actual, circunstancia que llevaría a no calificar dicho pacto como un incentivo al arrendamiento sino como un ajuste temporal de la renta a la situación económica sobrevenida y otorgarle, en consecuencia, el tratamiento previsto para las rentas contingentes.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), advierte de que el contexto económico provocado por la crisis de la Covid-19 está generando un incremento de los riesgos de fraude y de ruptura del principio de empresa en funcionamiento.

Los auditores detectan un repunte de los riesgos de fraude generalizado, y apuntan que no siempre tiene por qué registrarse entre las grandes empresas, sino que se están acentuando los fraudes “muy pequeños”, relativos a cambios de factura y de criterios contables mediante cambios de fecha que trastocan los resultados de las cuentas.

Un informe elaborado por la Universidad de Alcalá para este organismo refleja que en época de crisis las empresas auditadas actualizan su patrimonio y por consiguiente se ve reflejado en la contabilidad la pérdida de valor del activo, mientras que en las sociedades no auditadas no se refleja dicha pérdida de valor, trastocando los resultados reales.

La contabilidad además de ser una obligación mercantil y la base para la liquidación de impuestos es una herramienta clave para la toma de decisiones empresariales, de manera que no es algo exclusivo de contables y financieros, ya que también debe ser conocida por otros perfiles profesionales no financieros, como gerentes y directivos.

Los directivos no financieros no tienen porque conocer al detalle la operativa contable, ni ser expertos en finanzas, para eso ya están los directores financieros, jefes de contabilidad o contables, pero si deben tener una visión integrada de los conceptos e instrumentos claves de contabilidad y finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la gestión de la empresa.

Además, también deben de estar familiarizados con la terminología financiera y contable, para entender a los profesionales de la contabilidad, aunque estos también deben procurar adaptar la terminología empleada a los conocimientos de sus interlocutores, ya que el objetivo de la comunicación es transmitir información útil para la toma de decisiones, no demostrar los conocimientos contables y financieros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha obligado a ACS a modificar el criterio contable a través del que incluía en sus cuentas la participación en BIC Contracting, filial de la australiana Cimic, que le causó un impacto negativo de más de 1.100 millones de euros por sus actividades en Oriente Medio y que dejó un agujero de 400 millones en el balance consolidado del grupo constructor. Así lo reconoce en el informe de los Estados Financieros Resumidos Consolidados a cierre del ejercicio 2020 que presentó a finales del pasado mes de febrero.

Dicha documentación recoge que hasta el momento en que el regulador bursátil solicitó la modificación, ACS contabilizaba su negocio en BICC por el método de la participación, ya que ostentaba un 45% del capital a través de la propia Cimic. En cambio, debido a que la constructora tenía una opción de compra sobre el 55% restante que nunca llegó a ejercitar, el regulador ha solicitado que se lleve a cabo una consolidación global de la misma, un movimiento que implica la reformulación de las cuentas de 2019.

Un año después de que el Ibex alcanzara sus mínimos desde la crisis de la eurozona de 2012, aun 10 firmas cotizan por debajo, siendo 5 de ello bancos.

El sector financiero cotiza, de media, a un precio sobre valor en libros de 0,5 veces, lo que implica que su capitalización refleja solo el 50% del valor de sus fondos propios. No es una novedad. Llevan años descontando en el mercado rentabilidades que están y estarán por debajo del 10% que es donde los expertos sitúan el coste del capital.

Para poder ejercer como auditor de cuentas es imprescindible inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), pero para ello, entre otros requisitos, es imprescindible tener una solida formación teórica, que debe actualizarse periódicamente, y poder acreditar una formación práctica mínima de 3 años, o de 8 si el candidato no posee titulación oficial universitaria.

En el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se dedica un capítulo a la formación continuada de los auditores, en el que se desarrolla la obligación de los auditores de cuentas de realizar actividades de formación continuada, con el fin de mantener el adecuado nivel de exigencia en relación con la actualización de sus conocimientos.

La formación continuada de los auditores de cuentas debe orientarse al mantenimiento y actualización del conocimiento de las materias a que se refiere el artículo 9.2.c) de la Ley 22/2015, de 20 de julio, con el fin de poder garantizar el correcto cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, dentro de un entorno financiero y mercantil en continuo cambio y cada vez más complejo.

La entrada en vigor el 31 de enero de 2021 del Reglamento de Auditoría de Cuentas que desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, esconde en la Disposición Adicional Undécima del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, el régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de realizar el depósito de las cuentas anuales.

Recordemos que en la Ley de sociedades de capital (LSC) se establece que las cuentas anuales deberán ser aprobadas en junta general, dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Una vez aprobadas las cuentas deberán ser depositadas en el Registro Mercantil del domicilio social de la empresa, dentro del mes siguiente a su aprobación, según se especifica en el artículo 365.1 del Reglamento del Registro Mercantil y en el 279 de la LSC. El cómputo del mes será de fecha a fecha (art. 5 del Código Civil). Por ejemplo, si la junta se celebra el 30 de junio, el último día del plazo es el 30 de julio.

Los conocimientos adquiridos en contabilidad tienen que llevarse a la práctica en las empresas, de manera que los contables además de saber contabilidad teórica y práctica deben tener los conocimientos o habilidades para poder configurar correctamente los programas contables que utilizarán en las organizaciones en las que presten sus servicios.

Los programas contables vienen ya con una configuración estándar, pero para poder sacarle el máximo partido a éstos, puede ser necesario realizar determinadas configuraciones, para las cuales se puede contar con la asistencia de los servicios de atención al cliente de los proveedores de software contable.