Posible fianza de 5,3 millones a Artur Mas por el desfalco del 9-N
El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que debe depositar una fianza solidaria de 5,250 millones de euros por el gasto ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La cantidad incluye el dinero supuestamente detraído al erario público más los intereses generados desde esa fecha, según fuentes jurídicas. La cantidad es aún provisional porque los abogados de los implicados están presentando alegaciones y, además, debe ser reunida por todos los investigados.
El Tribunal de Cuentas, en esta fase de investigación previa a un juicio en la jurisdicción contable, atribuye a Mas la responsabilidad por todos los gastos que se generaron en aquel pseudo referéndum de independencia de Cataluña, por el que el político acabó siendo inhabilitado por desobediencia en la vía penal.
En el procedimiento abierto en el máximo órgano fiscalizador del Estado están también investigados los exconsejeros de la Generalitat Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, que fueron también condenados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Además, la causa se dirige contra otros seis altos cargos del Gobierno autonómico que supuestamente dieron luz verde en sus respectivos departamentos a los gastos irregulares para el 9-N. A todos ellos se les reclaman diversas cantidades económicas en función de su presunta responsabilidad.
La instructora tiene previsto comunicar este lunes por la mañana a la representación de Mas que él es responsable de todas las compras ilegales porque entonces era el presidente de la Generalitat y dio el visto bueno a todos los gastos, o los consintió. Todos los encartados (inicialmente hubo once, si bien la instructora ha exonerado a uno de ellos, un funcionario) han sido citados en la mañana del lunes para entregarles los resultados de su investigación.
La instructora entiende que “hay responsabilidad contable” en 10 de los 11 denunciados por dos asociaciones jurídicas catalanas. Entre los encartados se hallan Joana Ortega Alemany (exconsejera de Gobernación con Mas), Irene Rigau Oliver (de Educación) y Francesc Homs Molist, (vicepresidente, y a quien ha habido que notificarle la cita de hoy a través del BOE del pasado 16 de septiembre puesto que las tres veces que han ido los agentes del tribunal a citarle personalmente no estaba en su casa). Seis funcionarios de la Generalitat también deben responder por haber puestos sus firmas en los libramientos de dinero para el 9-N.
La instructora les atribuye el “haber ordenado, instigado o cooperado de forma necesaria en la imputación a los Presupuestos de la Generalitat de 2014” dinero que fue destinado ilegalmente a la celebración del 9-N. Aparte de los 7.000 ordenadores para los colegios electorales, se compraron programas y aplicaciones informáticas para el seguimiento de la participación y la transmisión de los resultados; material destinado a la consulta, urnas y papeletas, instalación de un centro de prensa desde el que publicitar los resultados, y los gastos del envío masivo de papeletas a millones de hogares catalanes”. La Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, que fueron las denunciantes de estos hechos, cifraron el desvío ilícito en 5,1 millones.
La fianza puede crecer
Sin embargo, la instructora ha descubierto otras partidas económicas también destinadas al 9-N que no figuran en la liquidación provisional y que serán objeto de análisis durante el proceso ya en marcha, lo que puede incrementar sustancialmente la fianza.
Fuente: www.elpais.com